Por: Stefanía Aluffi
Yamila Altamirano no pudo contener las lágrimas cuando escuchó “aprobado”. Durante más de un año trabajó junto a Micaela Guman, ambas estudiantes de la Universidad
Nacional de Río Cuarto, con el equipo que elaboró el Protocolo contra la Violencia de Género y Discriminación, que se puso en marcha el pasado 11 de junio. Para ellas,
significa un cambio histórico en el transitar la Universidad, es la primera vez desde su creación que hay un marco legal que proteja y contemple a quienes estudian en
la Casa de Altos Estudios contra la violencia por razones de género.
Micaela (20) estudia Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) desde el 2017. En ese mismo año, como ingresante, dio a conocer al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad un mapa de femicidios que había elaborado por su cuenta, junto a un estudiante de computación interesado en la temática. Fue invitada a trabajar gracias a eso en la Mesa de Género Interseccional, convocada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad para trabajar cuestiones de género y elaborar el Protocolo. Luego de unas semanas, Micaelacomenzó a elaborar una encuesta sobre violencia de género, que se realizó en noviembre del 2018 en todo el campus, acompañada de diferentes actores “con ganas de trabajar en el tema”. Si bien losresultados se esperan para septiembre de este año, los preliminares indicaron que existían casos de violencia de género, por lo que se decidió crear una guía de procedimientos para dar respuestas a quienes estaban pasando por alguna situación de violencia.
“Había gente que tenía cosas para decir, para denunciar. No solo cosas de violencia de género sino también de vulneración de derechos o de abuso de poder. Las
mujeres le empezamos a exigir a la universidad. Con las encuestas pudimos ver que hay violencia, las pibas se dan cuenta, ya no es un secreto a voces. Las mujeres estamos interpelando todo el tiempo como movimiento y ya no nos podían seguir ignorando”, dice Micaela. A ella la temática le interesa desde que tiene 16 años, cuando pudo ponerle nombre a la violencia psicológica y a las manipulaciones que ejercía sobre ella su pareja.
“Un día me encuentro con un video en Facebook que me explica qué era lo que me estaba pasando, que no era mi culpa, que en realidad estaba siendo violentada por este tipo. Desde ese día me cambió la vida. Ir a la marcha ‘NiUnaMenos’ ese mismo año o a las movilizaciones por Chiara López o Lucia Pérez, me re movilizó. Yo podría haber terminado así”, cuenta.
Yamila (21) es estudiante de Ingeniería Electricistay llegó a la Mesa de Género Interseccional de la Universidad por otros asuntos, en plena implementación de la encuesta, y decidió sumarse para colaborar con ese proceso y con el armado del Protocolo, que ya empezaba a crearse. Gracias a su militancia en la Mesa de la Diversidad de Río Cuarto, había tenido la oportunidad de realizar diferentes cursos y capacitaciones sobre el tema.
Las estudiantes, que hasta hace días y durante un año estuvieron trabajando en el armado del protocolo -que implicó debatir todos y cada uno de los 17 artículos-, continúan poniéndole el cuerpo a la causa. El mismo día que se aprobó –el martes 11 de junio- comenzaron con la redacción del mismo y de un proyecto para pedir presupuesto a la Secretaria de Políticas Universitarias. Además, a los pocos días viajaron a Paraná, para participar de un encuentro y capacitación que organizó la Red Universitaria de Género (RUGE), donde presenciaron charlas sobre proyectos de investigación con perspectiva de género; movimientos sociales, feministas y disidencias en las universidades y participaron de la adhesión de la Ley Micaela. “Ahora tenemos que sentarnos y charlar sobre lo que aprendimos, lo que hay que mejorar, en qué situación estamos como universidad en comparación con las otras”, cuenta Micaela. La Red que funciona todo el tiempo, tiene a Claudia Harrington como representante y a Viviana Pelliza, como suplente. Dos de las docentes que participan en la Mesa de Género Interseccional y que son para las chicas una suerte de guía en cuanto a su formación en la materia. “La Red está manejada por mujeres feministas y eso nos calma, porque sabemos que estamos en buenas manos”, afirma Yamila.
Mientras tanto,siguen orientando a compañeros y compañeras que llegan a ellas con dudas sobre cuestiones de género, que dejan ver la falta de información sobre el tema y el desconocimiento de la institución. “También tenemos que mover eso. No puede ser que sean nuestros primeros derechos estudiantiles no académicos y no los conozcamos. Falta en materia de derechos humanos, de relaciones de poder, que nos interpelan por todos lados. No está presente ese conocimiento ni la intervención que debería venir desde arriba”, sostiene Micaela. Yamila remarca la importancia de conocer hasta dónde llega su capacidad de acción, aunque a veces, según confiesa, quedan comprometidas con los distintos casos. “Es que nos importa tanto y los queremos cuidar a todos… Terminamos cansadas pero sentimos que hicimos algo, que nuestro laburo está ayudando a alguien más y creo que eso es lo que tenemos que hacer: crear cosas para que queden en la universidad y que eso que queda lo tome más gente y se siga avanzando”, añade Micaela.
El protocolo
Las pautas para prevenir, atender y sancionar los casos de violencia de género y discriminación que puedan llegar a existir dentro de la universidad se elaboraron teniendo en cuenta los protocolos existentes en la Universidad de Rosario y Villa María, que según explican Yamila y Micaela, son las más orientadas a Derechos Humanos dentro de las universidades que pertenecen a la región centro de la Red RUGE.
El Área de Actuación en Situaciones de Violencia de Género y Discriminación será quien se encargue de la aplicación del protocolo. Ésta dependerá de Rectorado y estará integrada por un Equipo Técnico de Atención y por la Comisión de Prevención e Intervención en situaciones de Violencia de Género y Discriminación. El primero contará con abogados, trabajadores sociales, psicólogos y demás profesionales con perspectiva de género, que atenderán casos concretos.
En la comisión de prevención e intervención, responsable de crear capacitaciones y pedir presupuestos –entre otros-, habrá un representante del Observatorio de Derechos Humanos, uno de cada gremio de los claustros y uno por cada unidad académica. Estos últimos podrán ser estudiantes, graduados docentes o no docentes y serán elegidos mediante terna por el Consejo Superior. Allí se postularán Yamila y Micaela, que en caso de ser elegidas deberán encargarse de crear las capacitaciones, coordinar con el equipo técnico de atención para saber dónde hay más violencia y de qué tipo, además de realizar análisis, balances y la difusión del protocolo. Para esto ya están pensando en crear una página web y alguna publicación mensual para y por estudiantes. “Nuestro rol va a ser impulsar que lo que se publique sea de estudiantes y para estudiantes, que no sea solo académico o de investigación. Estamos incentivando a los estudiantes a que escriban algo al respecto, cuestiones que no sirvan para interpelar”, explican.
Vale aclarar que la UNRC también adhirió hace poco a la Ley Micaela, que estaba contemplada dentro del protocolo, por lo que una vez que el Instituto Nacional de la Mujer apruebe el proyecto comenzarán con las capacitaciones con perspectiva de género a estudiantes, docentes, no docentes y funcionarios públicos de la universidad.
Las estudiantes rescatan la idea de que el Protocolo estará sometido a revisión constante, lo que permitirá hacer las modificaciones correspondientes a medida que pase el tiempo.
Finalmente,Yamila reflexiona sobre la importancia de este instrumento: “Hay otras cuestiones de las mujeres, como la maternidad, que no están contempladas, pero porque tampoco podemos abordar todos los temas. Esta es una buena manera de empezar, abre puertas a otras temáticas. Instalando un Protocolo estamos instalando la perspectiva de género en la Universidad, y eso puede llegar a ser nuestro sustento para salir a defender otras cosas”.
