Por; Carina Ambrogi
“Parir es Poder”, dice el lema con el que se conmemoro la Semana Mundial del Parto Respetado. En Argentina, el poder de parir está reglamentado por la Ley 25.929 sancionada en 2004, que garantiza entre otros, el derecho a un parto en el que se prioricen los deseos y necesidades de la madre y el recién nacido/a, se le informe y se le consulte sobre todo lo que se realiza durante el nacimiento, se resguarde su intimidad, se atienda a sus pautas culturales, y se le permite estar acompañada por quien elija.
Sin embargo y pese a que es Ley, la mayoría de los profesionales desconoce de qué se trata, como aplicarla, e incluso que su aplicación no es una opción, es un derecho y una obligación. Hace unas semanas en diálogo con La Marea, el Secretario de Salud Municipal de la Ciudad de Río Cuarto, Marcelo Ferrario, dijo al ser consultado sobre los motivos por los que creía que muchas mujeres llegaban a la Maternidad Kowalk a las 36 semanas de gestación sin controles previos, que uno de los motivos podía ser, por ejemplo: “porque elijen un parto respetado”. Resulta extraña la relación de una cosa con la otra, porque la ley en ningún momento habla de obviar controles pre- natales.
El Observatorio de Violencia Obstétrica de Argentina, a cargo de la Agrupación Feminista Las Casildas, desarrolla desde 2015 diversas herramientas que permiten medir y visibilizar la atención perniatal en el país.
Según el último informe presentado en abril del corriente año, realizado sobre una base de 1106 procesos obstétricos, el 74,6% de los mismos sucedieron en una institución privada, el 24,8% en institución pública y 0,6% en el domicilio de la mujer. El 28,4% de los casos corresponden a mujeres que teniendo obra social o prepaga y habiendo elegido profesionales cubiertos por su plan de salud, realizaron algún tipo de pago extra para garantizar una “buena atención”. Entre las razones del pago extra señalan, por ejemplo, el 62,2% de las entrevistadas haber abonado un Plus para personalizar el parto, programas de “Parto Respetado” y un 27,4% haber pagado por una partera (que trabaja con la obstetra).
Ante la consulta de si recibieron algún tipo de maltrato verbal y/o físico, sólo 1 de cada 10 respondió que no, señalando como maltrato el uso de diminutivos para su persona, burlas, o chistes de mal gusto durante el momento del parto. 8 de dada 10 señalaron que sus pedidos no fueron atendidos, y al 54,7% les hicieron sentir que algo de lo que hacían estaban poniendo en riesgo a su hijo/a.
Respecto de si sufrieron algún tipo de conductas aleccionadoras, la que según las investigadoras resulta de la creencia culturalmente legitimada según la cual “los y las profesionales de la medicina tienen la potestad y el derecho sobre la voluntad de las mujeres que asisten”, 5 de cada diez respondieron que no, y de las que respondieron de manera afirmativa señalaron en un 51% haber recibido amenazas de no ser asistida si no hacía caso, demoras en la atención como castigo (el 71,5%), e imposición de procedimientos innecesarios como castigo (54%).
Estas y otras situaciones de violencia expresadas por las mujeres, devienen en diversos tipos de dificultades posteriores al parto, tanto para consigo mismas como para el vínculo con el/la recién nacida. El 62,5% de las entrevistadas manifestaron tener dificultad para conectar emocionalmente con su hijo/a, y el 59,8% señalaron haber tenido problemas en la lactancia.
“Estos números hablan por sí solos, visibilizan la vulneración cotidiana y sistemática presente en los nacimientos del sector público y privado de todo el país. Es por esto, que consideramos de suma urgencia, la necesidad de transformar el sistema de atención perinatal hegemónico, hacia una práctica médica con perspectiva de derechos y género, lo que implica por supuesto un proceso profundo de sensibilización, difusión y formación”, reclaman desde Las Casildas.
Haydé Infante, una reconocida Obstetra de Santiago del Estero, aprendió de la sabiduría de las parteras ancestrales de Cuzco, Perú, hace varios años. En diálogo con La Marea recordó que el poder de parir lo tienen las mujeres en su naturaleza, nace como instinto y debería realizarse en la mayoría de los casos sin necesidad de ningún tipo de intervención. Sin embargo, el entorno en el que se dan los nacimientos, generan en la mujer la liberación de adrenalina, producida por el miedo, mientras que debería liberarse la oxitocina, que es la hormona que se libera cuando hay placer o bienestar y es necesaria para que se suceda el parto.
Para ella, la falta de empatía y atención a las mujeres, lo que facilitaría que esta situación se revierta, está relacionada con la pérdida del sentido humanista de los y las profesionales de la medicina cuando se “mimetizan” con el sistema de salud. “Es una atención biologicista pura, no se aborda a la mujer como un ser psico-social, y eso hace que la mujer termine siendo cosificada. Con esta impronta una vez que finaliza el parto también se lo evalúa netamente desde lo biológico, nunca se evalúa el impacto que puede tener a futuro el no abordarlo de manera emocional”, analiza Infante.
El derecho de abortar
Desde 1921 está vigente en Argentina la Ley que establece la no punibilidad del aborto que se realizare a una mujer por dos causales, una de ellas el haber sido víctima de una violación cuando fuera demente o idiota, ley que se amplió en 2012 para toda mujer que hubiera sido víctima de una violación.
Sin embargo, y una vez más pese a que la Ley está en vigencia, son numerosos los casos en que no se respeta, uno de los más cercanos es el del ginecólogo Rodríguez Lastra, quien fue declarado culpable de incumplimiento de funcionario público al negarse a practicarle un aborto a una joven de 19 años víctima de una violación en Cipolletti. El médico además la retuvo contra su voluntad en el hospital por aproximadamente 5 meses, hasta que pudieron hacerle una cesárea para dar en adopción el bebé que se obligó a gestar.
Dos casos similares en los que grupos anti derechos coaccionaron para detener el proceso de aborto no punible, pero con distinto desenlace, se sucedieron poco antes con menores de 13 años, uno en Tucumán, en donde finalmente se procedió a realizar el aborto (los ginecólogos que intervinieron están procesados), y otro en San Juan, a donde también se avanzó con el proceso pese a las presiones.
El próximo 28 se presenta nuevamente en el Congreso el proyecto de Interrupción voluntaria de embarazo, que tiene como objetivo saldar la deuda pendiente del estado en relación a la problemática del aborto.
Dado que se trata de un proceso prohibido en la actualidad, tener datos precisos se vuelve difícil, sin embargo hay algunas estimaciones como la del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), cuya investigación realizada en 2005 junto al Ministerio de Salud de la Nación, estimó que en el país se realizaban entre 370 mil y 520 mil abortos por año. Se llegó a esa conclusión a partir del aumento de egresos hospitalarios por complicaciones por abortos, entre otras consideraciones.
Los números presentan evidencia de que la prohibición de la práctica no influye en las mujeres que toman la decisión de hacerlo, y la clandestinidad lo que hace es que se genera una situación de desigualdad y riesgo mayor para quienes no disponen de las cifras exorbitantes que piden los Centros Privados más seguros para realizarla.
La discusión que se dio en el Congreso el pasado año dejó a las claras que no hay un argumento real que indique que, tal como señala la campaña al menos engañosa de los grupos que se oponen a la legalización, la punibilidad del aborto genere más muertes, lo que las genera es la desigualdad de acceso a la práctica. Las vidas hoy se pierden, y es paradójicamente en la ley de despenalización en que se insta al estado a que profundice las políticas públicas tendientes a disminuir los embarazos no deseados.
El derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo es el hilo que une las dos leyes que señalamos al comienzo; la del derecho al parto respetado, y la del derecho al aborto no punible con causales previstas por la ley.
Si no se respetan leyes sancionadas vinculadas al empoderamiento y libertad de las mujeres para decidir sobre si mismas, es claro que el camino que resta no es corto, por más de que la sanción de la ILE esté asegurada más temprano que tarde. Será una tarea en la que aportar gota por gota en la gran marea que conforman las mujeres que decidieron defender sus derechos, la que podrá revertir esta situación, al igual que se hizo en los países más avanzados del mundo.
