Por: Carina Ambrogi
El 90% de las mujeres que trabajan en espacios políticos sufrieron violencia por su condición de mujer. En el 87.5% de los casos, el agresor no tuvo ningún tipo de sanción, y en el 63% de los casos, ninguna otra persona intervino en el momento de la agresión. Con la nueva ley de Paridad de género activa desde el 8 de marzo los partidos que quieran seguir en carrera deberán por “obligación” mirar hacia adentro y modificar sus propias prácticas de violencia y discriminación hacia la mujer como actora política.
Los resultados surgen de la primer “Encuesta Nacional de Mujeres en Política”, que realizó el Observatorio Julieta Lantieri, con el objetivo monitorear los modos en que se desempeñan las mujeres en los espacios políticos y gremiales en Argentina. La violencia vivida en carne propia por mujeres que habitan estos ámbitos, fue el motor que impulsó la creación del Observatorio, que en su primer sondeo nacional arrojó resultados tan contundentes que sorprendieron a las propias realizadoras: “Sabíamos que el problema existe, pero no nos imaginamos que en tal magnitud. Que el 90% haya sufrido algún tipo de violencia, ya sea simbólica, psicológica, económica, sexual o física, es un dato concluyente que marca la necesidad de seguir visibilizando y trabajando la temática”, analizó en diálogo con La Marea Agustina Gradin, una de las responsables de la investigación.
La primera sorpresa antes de analizar los resultados fue la receptividad que tuvieron por parte de las entrevistadas, en todos los casos había una necesidad de que por fin se atienda la problemática. Si bien las mujeres han ingresado al ámbito político desde hace tiempo por las leyes de cupo, el acoso, la instigación, la intimidación, la misoginia y los micro machismos, son prácticas inherentes a la cultura política patriarcal que se producen y reproducen en los ámbitos institucionales y partidarios, imposibilitando el pleno desempeño de las mujeres en sus funciones.
La encuesta se realizó a 517 mujeres militantes de partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, legisladoras y funcionarias públicas. Los resultados obtenidos dan cuenta de que la violencia simbólica esta tan naturalizada que en el 87.5% de los casos el agresor no tuvo ningún tipo de sanción, y en el 63% de los casos ninguna otra persona intervino en el momento de la agresión. Esta “costumbre” de soportar las agresiones es vista muchas veces como la regla inherente al hacer de la política, echo que las investigadoras pusieron de manifiesto en el título que le dieron a su trabajo: “no son las reglas, es violencia”.
Según el informe que elaboraron la violencia psicológica es una de las manifestaciones más comunes, pero al igual que la económica y la simbólica está naturalizada y por lo tanto, es la más difícil de denunciar por las mujeres.
“Este tipo de violencia implica deslegitimar a la mujer como actor político, socavando su confianza y pleno desarrollo personal mediante comportamientos hostiles y abusos, a fin de causar miedo o daño emocional. Su objetivo, en última instancia, es perpetuar la desigual distribución de poder y desalentar la participación política de las mujeres a través de diferentes dispositivos, que muchas veces toman la forma de micro machismos”, señalan.
Dentro de la violencia simbólica 7 de cada 10 dijeron haber sufrido bromas sobre el aspecto físico, las formas de vestir o personalidad, 3 de cada 10 lo vivieron “muchas veces”, en el 41,4% de los casos sucedió en medio de actividades políticas y en el 49% en reuniones. En espacios más informales las agresiones suben de tono y allí el 76% alguna vez escuchó comentarios como “mejor que se vayan a lavar los platos”, “Es una bruja”, “Es una puta”, “no sirven para hacer política”. Respecto del desprecio y ridiculización 8 de cada 10 mujeres alguna vez le argumentaron en una discusión o debate que “estás nerviosa”, “estás loca”, “sos muy sensible” o “sos muy subjetiva en tu análisis”.
Para Grandin estas situaciones hacen que las mujeres se aparten de a poco de las estructuras políticas, lo que juega a favor de la despolitización de las mujeres. Esta despolitización es negativa para las mujeres, pero también para los varones, ya que con la nueva legislación de cupo femenino se ven en la “obligación” de contar con personas de ambos sexos en cantidades iguales.
“Lo que surge de esta investigación es que el primer ámbito que hay que democratizar son los partidos políticos y su capacidad de contención y promoción de la participación de la mujer, porque se van de estos espacios o bien conformar otros puramente de mujeres que tampoco es la idea”, sostuvo Grandin.
Esta deuda pendiente de la democracia, en un país en el que las mujeres representan el 53% de la población, deja en evidencia la necesidad y urgencia de trabajar en acciones urgentes que permitan disminuir de a poco para erradicar con el tiempo todas las formas de violencia señaladas.
Como sugerencia de abordaje, el informe final de la Encuesta señala la necesidad de trabajar sobre tres aspectos fundamentales: “En primer lugar, impulsar el debate y la sanción de un Proyecto de Ley que incluya la Violencia Contra las Mujeres y Disidencias (VCMD) en política dentro de la ley 26485, que garantice sanciones efectivas, y que sancione protocolos de actuación en cada ámbito político. A su vez, se debe impulsar la paridad de género en los estatutos de los partidos políticos y en las alianzas electorales, facilitando a las mujeres y disidencias que lleguen a los lugares de dirección política de los mismos. Se debe impulsar la incorporación del principio de paridad en la Ley de Reforma Electoral. Los partidos políticos son los principales responsables en lograr la igualdad de género en política. – En segundo lugar, y fundamentalmente, se deben realizar campañas de sensibilización y difusión de esta modalidad de VCMD, logrando instalar en la sociedad en su conjunto, la necesidad de erradicar este tipo de violencia de género. Para esto es fundamental acompañar e impulsar la campaña por la Ley de “Emergencia contra la violencia de género”.
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